INTERNACIONAL
Japón reactiva planta nuclear más grande del mundo 15 años después de Fukushima
La decisión de Japón al reactiva planta nuclear más grande al poner nuevamente en marcha el reactor 6 de Kashiwazaki-Kariwa, operado por Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Se trata del primer reactor de la empresa que vuelve a operar desde el desastre de Fukushima de 2011, y marca un giro clave en la política energética japonesa.
El complejo de Kashiwazaki-Kariwa, ubicado en la prefectura de Niigata, es considerado la planta nuclear más grande del planeta, con siete reactores y una capacidad potencial de 8.2 gigavatios cuando opere a plenitud. El reactor 6, de 1.35 gigavatios, permaneció detenido casi 14 años y ahora regresa a la red con la promesa de aportar electricidad para más de un millón de hogares en el área de Tokio.
Japón reactiva planta nuclear más grande en medio de presión energética
El gobierno japonés respalda la reactivación como parte de una estrategia para reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y contener los altos costos energéticos. La administración de Sanae Takaichi impulsa una política que busca “aprovechar al máximo” la energía nuclear, combinada con metas de descarbonización y el crecimiento de sectores intensivos en consumo eléctrico, como los centros de datos y la inteligencia artificial.
Actualmente, Japón ha reactivado 15 de los 33 reactores operables en su territorio; todos permanecieron apagados tras la triple fusión de Fukushima. El reinicio de Kashiwazaki-Kariwa funciona como prueba de fuego para TEPCO, cuya reputación quedó gravemente dañada por el manejo de aquella crisis y por posteriores fallas en materia de seguridad y resguardo.
Seguridad, Fukushima y fuerte oposición social
El regreso de la planta se da bajo estricta supervisión de la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA), que levantó en 2023 una prohibición previa tras detectar problemas en los sistemas de resguardo físico. TEPCO afirma que invirtió más de 6,000 millones de dólares en mejoras, entre ellas muros de protección contra tsunamis de hasta 15 metros, refuerzos sísmicos y nuevas instalaciones estancas para equipos críticos.
Pese a estas medidas, la confianza pública sigue fracturada. Colectivos ciudadanos y sobrevivientes de Fukushima denuncian planes de evacuación insuficientes, riesgos sísmicos en la región y una reapertura “acelerada” para responder a presiones políticas y del sector energético. Más de 40 mil personas firmaron una petición contra el reinicio de Kashiwazaki-Kariwa, mientras continúan las protestas frente a oficinas de TEPCO y edificios gubernamentales.
Expertos en gestión de desastres recuerdan que el terremoto de Noto de 2024 reveló debilidades en la infraestructura y en la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala. En ese contexto, advierten que cualquier incidente en la planta más grande del mundo tendría consecuencias complejas de manejar, tanto a nivel local como nacional.
Un giro nuclear con impacto global
En el corto plazo, el reactor 6 operará en fase de pruebas antes de entrar en operación comercial, prevista para finales de febrero, mientras técnicos y reguladores verifican el desempeño de los sistemas de seguridad. Si el proceso avanza sin incidentes, Japón podría acelerar el retorno de otros reactores y consolidar su giro nuclear como pilar de seguridad energética.
Sin embargo, el hecho de que Japón reactivara la planta nuclear más grande del mundo reabre debates que van más allá de sus fronteras. El movimiento envía una señal a otros países que reconsideran la energía nuclear como herramienta frente al cambio climático, pero también refuerza las discusiones sobre transparencia, supervisión independiente y responsabilidad de las compañías operadoras.
Quince años después de Fukushima, Japón apuesta nuevamente por el átomo para iluminar su futuro energético. La verdadera prueba no será solo técnica, sino de confianza: demostrar que la lección del desastre se traduce en una industria más segura, controlada y capaz de responder a la sociedad que aún carga con el recuerdo de aquella catástrofe.
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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