INTERNACIONAL
Tiroteo de ICE en Minneapolis desata indignación y pone bajo la lupa las redadas migratorias en EU
Tiroteo de ICE en Minneapolis deja a una mujer muerta y una ciudad en shock
El tiroteo de ICE en Minneapolis durante una redada migratoria encendió alarmas en todo Estados Unidos. Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas disparó y mató a una mujer de 37 años dentro de su vehículo en un operativo federal masivo ordenado por la administración de Donald Trump. El incidente ocurrió la mañana del 7 de enero en un vecindario del sur de la ciudad, en medio de un despliegue de más de 2 mil agentes federales enfocados en comunidades migrantes, especialmente somalíes.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la mujer habría intentado arrollar a los oficiales con su camioneta, por lo que el agente aseguró que actuó en defensa propia. Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y medios locales muestran al agente disparando a corta distancia cuando el vehículo apenas se mueve, lo que cuestiona la versión oficial. Testigos y autoridades locales señalan que la víctima no figuraba como objetivo de la redada y que se encontraba en el área como observadora o conductora particular.
Autoridades locales cuestionan la versión federal del tiroteo de ICE en Minneapolis
El alcalde Jacob Frey reaccionó con dureza al tiroteo de ICE en Minneapolis. Tras revisar el material en video, aseguró que el relato del gobierno federal “no coincide con lo que se ve en las imágenes” y calificó la actuación del agente como “imprudente e innecesaria”. En una declaración que ya se viralizó, el edil exigió públicamente a ICE que “se largue de Minneapolis”, al acusar a la agencia de generar miedo en lugar de seguridad.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y la congresista Ilhan Omar también criticaron el uso letal de la fuerza y pidieron no aceptar “sin cuestionar” la narrativa del DHS. Ambos subrayaron que la víctima era ciudadana estadounidense y que, de acuerdo con la información preliminar, no enfrentaba cargos migratorios. Además, organizaciones de derechos civiles denunciaron que la operación formaba parte de una campaña de criminalización contra comunidades migrantes, especialmente la diáspora somalí en la región.
Protestas, tensión política y cuestionamientos a las redadas de ICE
Tras la redada de ICE, decenas de personas se congregaron en el lugar de los hechos y frente a edificios federales para exigir justicia. Las manifestaciones crecieron durante la noche y las fuerzas federales respondieron con equipos antimotines y agentes químicos para dispersar a la multitud. El recuerdo de casos anteriores de violencia policial en la ciudad, como el asesinato de George Floyd, reavivó el temor a una nueva escalada de tensión racial y política.
Mientras tanto, el gobierno federal mantuvo su línea. Voceros del DHS calificaron el incidente como un acto de “terrorismo doméstico” y acusaron a la mujer de usar el vehículo como arma, pese a que las grabaciones no muestran lesiones visibles en los agentes. Abogados y defensores de derechos humanos advirtieron que este discurso busca justificar el uso excesivo de la fuerza en nombre de la seguridad fronteriza.
Investigación en curso y futuro de las operaciones migratorias
El FBI y las autoridades estatales abrieron una investigación conjunta para esclarecer la redada y tiroteo de ICE en Minneapolis, revisar cuadro por cuadro los videos disponibles y determinar responsabilidades penales. El agente involucrado quedó bajo licencia administrativa mientras avanza el proceso. Al mismo tiempo, concejales y legisladores estatales exigen transparencia total y el fin del operativo migratorio masivo desplegado en Twin Cities.
Más allá del caso puntual, el episodio reaviva el debate sobre la forma en que ICE ejecuta sus redadas. Críticos señalan que estas operaciones, acompañadas de un discurso de “mano dura” desde Washington, aumentan el riesgo de abusos contra ciudadanos y migrantes por igual. En Minneapolis, la muerte de esta mujer ya se convirtió en símbolo de esa tensión: para muchos residentes, el tiroteo no solo refleja un exceso individual, sino el rostro más crudo de una política migratoria basada en el miedo.
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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