INTERNACIONAL
Comisionada de derechos humanos de Rusia advierte tortura contra los detenidos por el ataque terrorista
Moscú (latinus.us/ Reuters).- Rusia envío a prisión preventiva el martes a un hombre, nacido en Kirguistán, sospechoso de estar implicado en el tiroteo de la semana pasada una sala de conciertos cerca de Moscú, y envió investigadores a Tayikistán para interrogar a las familias de cuatro acusados de perpetrar el ataque.
Ocho sospechosos fueron puestos en prisión preventiva desde el atentado más mortífero en Rusia en dos décadas, que se produjo días después de que Vladimir Putin ganara un quinto mandato presidencial.
El Estado Islámico reivindicó la autoría del atentado y publicó imágenes de los hechos. Estados Unidos y Francia afirman que los servicios de inteligencia sugieren que el grupo está detrás del atentado, en el que murieron 139 personas y 182 resultaron heridas.
Putin afirmó el lunes que el atentado había sido obra de militantes islámicos, pero también sugirió que Ucrania, que está en guerra con Rusia, podría haber desempeñado un papel. Kyiv ha negado cualquier implicación.
Encontraron parte de una oreja humana
Rusia dijo que los cuatro presuntos agresores han confesado. Algunos mostraban signos de lesiones cuando comparecieron ante el tribunal, lo que hace temer que hayan sido torturados.
La comisionada rusa para los derechos humanos declaró que la detención de sospechosos debe llevarse a cabo de acuerdo con la ley, informó la agencia de noticias TASS, después de que se publicaran videos que mostraban el interrogatorio de los sospechosos.
A uno de ellos le cortaron parte de una oreja durante el interrogatorio. Las autoridades rusas han declarado que están investigando los hechos.
“Es absolutamente inaceptable torturar a detenidos y acusados “, declaró la comisaria Tatyana Moskalkova, según TASS.
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Las detenciones han puesto en el punto de mira a dos antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, de mayoría musulmana, que mantienen estrechos vínculos con Moscú y dependen de las remesas de los migrantes que trabajan en Rusia.
No presentaban singnos de lesiones
Tres fuentes locales dijeron a Reuters el martes que investigadores rusos estaban en Tayikistán interrogando a las familias de los cuatro presuntos agresores.
Alisher Kasimov, nacido en Kirguistán y en prisión preventiva desde el martes, fue conducido a la sala del tribunal antes de que le quitaran las esposas, y no presentaba signos visibles de lesiones. Se le acusa de proporcionar alojamiento a los cuatro tayikos acusados de perpetrar el atentado.
Los investigadores rusos afirman que, tras disparar con armas Kalashnikov AK-47, los atacantes prendieron fuego al edificio con gasolina antes de marcharse, atropellando a una familia con dos niños pequeños cuando salían a toda velocidad del aparcamiento.
El móvil del atentado no está claro. Rusia, junto con Estados Unidos y las fuerzas sirias, desempeñó un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico en Siria.
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Servicio de seguridad ruso
Expulsados de Siria, sus combatientes se dispersaron y surgieron diferentes ramas, entre ellas una afgana que busca un califato en todo Afganistán, Pakistán, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán e Irán.
Sanaullah Ghafari, el líder de 29 años de la rama afgana del Estado Islámico, ha supervisado su transformación en una de las ramas más temibles de la red islamista mundial, capaz de realizar operaciones lejos de sus bases en las tierras fronterizas de Afganistán.
Alexander Bortnikov, director del servicio de seguridad ruso FSB, afirmó que el número de cómplices del atentado sería mayor que los 11 que ya han sido detenidos, y que los servicios de inteligencia occidentales y Ucrania necesitaban el atentado para “sembrar el pánico” en Rusia.
La agencia de noticias RIA citó a Bortnikov afirmando que los servicios de inteligencia ucranianos habían contribuido al atentado, y que era sabido que Ucrania había entrenado a militantes en Oriente Medio.
Con información de: https://latinus.us/
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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