NACIONAL
El PAN denuncia a Marina del Pilar ante la FGR por delincuencia organizada y exige su separación del cargo
Diputados federales y líderes panistas presentan una querella formal ante el Ministerio Público Federal por más de diez delitos. La oposición demanda una investigación exhaustiva a la gobernadora.
La presión política y judicial sobre el gobierno de Baja California alcanzó un punto crítico. Por esta razón, el PAN denuncia ante la FGR a Marina del Pilar por delincuencia organizada, cohecho, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En consecuencia, una comitiva de legisladores encabezada por César Damián Retes, Federico Döring y Jorge Triana acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, los denunciantes exigieron formalmente que la mandataria estatal solicite licencia a su cargo para evitar interferencias en las investigaciones ministeriales.
La denuncia penal abarca imputaciones por tráfico de influencias, peculado y presunta conspiración en materia de seguridad. Además, la bancada del Acción Nacional enfatizó que este recurso responde a hechos directamente atribuibles a la gobernadora y a irregularidades en contrataciones públicas.
Acusaciones formales, señalamientos empresariales y exigencia de licencia
Los representantes panistas sustentaron la querella en diversos antecedentes, incluyendo investigaciones sobre la empresa Vida Orgánica y grabaciones difundidas recientemente. En primer lugar, los legisladores pidieron fiscalizar los contratos estatales para descartar esquemas de lavado de dinero. Además, los diputados señalaron que el Ministerio Público debe citar a declarar a la mandataria para deslindar responsabilidades penales. Por consiguiente, el partido anunció que promoverá un juicio político en el Congreso de la Unión para impulsar su desafuero.
Por suerte para el debate legislativo, la bancada de la oposición remarcó que las autoridades judiciales deberán actuar con total imparcialidad. Del mismo modo, exigieron que las instituciones de justicia aceleren el peritaje de los elementos de prueba presentados.
Postura del gobierno estatal y deslinde de responsabilidades
Por otra parte, la administración de Baja California sostiene que la gobernadora cedióa su participación en dicha firma desde abril de 2023. Asimismo, el gobierno estatal reiteró su disposición para colaborar con las autoridades federales en la revisión de los padrones de proveedores.
Finalmente, la FGR deberá determinar la admisión del expediente en las próximas horas. La denuncia formal interpuesta en este 2026 intensifica la fiscalización sobre el ejercicio público y la transparencia en la franja fronteriza de México.