Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero queda bajo prisión preventiva en el Penal del Altiplano tras confirmarse acusaciones sobre la orden dolosa de destruir grabaciones clave de los normalistas en Iguala.

El esclarecimiento de uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de México ha alcanzado un hito judicial de alto nivel. Tras una maratónica audiencia de más de 14 horas, un juez de control federal resolvió vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia dentro del caso Ayotzinapa. Por lo tanto, el exmandatario estatal enfrentará su proceso judicial bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «El Altiplano».

Por consiguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden de aprehensión el pasado 6 de agosto de 2026 en contra del exfuncionario, como resultado de un nuevo modelo de reanálisis sobre las actuaciones y testimonios de la causa penal. Las investigaciones desarrolladas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) señalan que el imputado instruyó directamente a funcionarios de su gabinete y mandos del Poder Judicial estatal para desaparecer material probatorio crucial sobre la noche del 26 de septiembre de 2014. En consecuencia, la autoridad judicial desestimó los recursos presentados por la defensa para evitar su encarcelamiento.

La orden de destruir pruebas en el Palacio de Justicia de Iguala

Los pormenores presentados por la representación social revelan la existencia de testimonios colaboradores que se incorporaron formalmente a la carpeta de investigación. Según las imputaciones del Ministerio Público federal, Aguirre Rivero sostuvo reuniones con mandos de primer nivel de su administración para coordinar la eliminación deliberada de los videos captados por las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Al confirmarse que Ángel Aguirre fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, la FGR enfatizó que en dichas grabaciones figuraba la interceptación y agresión contra los estudiantes que viajaban en el autobús 1531.

Asimismo, la FGR sostuvo que esta maniobra constituyó una operación dolosa y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal para obstaculizar el acceso a la verdad y ocultar el paradero final de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos». A pesar de que la defensa de Aguirre intentó desacreditar las declaraciones argumentando que el exgobernador se encontraba en la Ciudad de México sosteniendo reuniones oficiales durante las fechas señaladas, el juzgador determinó que existen elementos suficientes para iniciar la etapa de investigación complementaria.

Reacciones de los familiares y postura del Gobierno federal

Por otra parte, comisiones de madres y padres de los 43 jóvenes desaparecidos siguieron el desarrollo de la audiencia desde las inmediaciones del penal del Altiplano y de manera remota desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez». Los colectivos de víctimas señalaron que, si bien la detención de quien encabezaba el ejecutivo estatal representa un paso relevante para desmantelar las redes de impunidad, la exigencia central continúa enfocada en la localización física de sus hijos.

Finalmente, las dependencias encargadas de la investigación continuarán desahogando diligencias en los próximos meses para determinar el grado de complicidad de otros exservidores públicos de la entidad. El encarcelamiento y procesamiento formal de Ángel Aguirre Rivero en este 2026 marca un giro drástico en la ruta de justicia por los hechos de Iguala, llevando por primera vez al principal responsable político de Guerrero en 2014 a responder ante un tribunal federal.