INTERNACIONAL
Redada de ICE en Mineápolis desata indignación por detención de niños y estudiantes
La redada de ICE en Mineápolis elevó al máximo la tensión en la comunidad migrante de Minnesota. Padres, docentes y autoridades locales denunciaron que agentes federales detuvieron a un niño de 5 años, a una menor de 10 y a otros estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, en el marco de una ofensiva migratoria de alto impacto.
Escuela denuncia uso de un niño como “señuelo”
De acuerdo con la superintendenta Zena Stenvik, agentes federales interceptaron el martes a Liam Conejo Ramos, de 5 años, cuando regresaba del preescolar y llegaba a la cochera de su casa. En ese momento también detuvieron a su padre y los trasladaron juntos a un centro de detención familiar en Texas, pese a que la familia mantiene un caso de asilo activo.
La funcionaria aseguró que los agentes obligaron al menor a tocar la puerta de su domicilio para verificar si había más personas dentro, “usándolo como señuelo” para la redada. El caso convirtió al pequeño en el cuarto alumno del mismo distrito detenido por inmigración en semanas recientes, lo que disparó protestas frente a escuelas y oficinas federales en el área metropolitana de Mineápolis.
Tensión política crece tras la redada
La redada en Mineápolis no se limitó al caso del niño de 5 años. Dos semanas antes, agentes detuvieron a una niña de 10 años cuando se dirigía a su escuela primaria, junto con su madre, y ambas permanecen recluidas en Texas. En otro operativo, oficiales fuertemente armados detuvieron a una estudiante de 17 años de camino al bachillerato, sin la presencia de sus padres.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las acusaciones de que ICE “apunta” deliberadamente a menores. La agencia sostuvo que los agentes buscaban al padre del niño de 5 años y que permanecieron junto al menor solo por razones de seguridad mientras realizaban el arresto. No obstante, el distrito escolar y la defensa legal de la familia insisten en que el operativo cruzó una línea ética al usar a un menor como parte del dispositivo.
Operación Metro Surge y una ciudad ya marcada por la violencia
Estos hechos ocurrieron en el contexto de “Operation Metro Surge”, el despliegue migratorio más grande en la historia reciente de Minnesota. El plan contempla hasta 2,000 agentes federales en las Twin Cities y ha generado múltiples denuncias por detenciones abusivas, irrupciones en hospitales y arrestos de ciudadanos estadounidenses por error.
La indignación por la redada de ICE en Mineápolis crece además porque la región todavía procesa el impacto del caso de Renée Good, una mujer de 37 años a la que un agente de ICE mató a tiros el 1 de enero durante otro operativo. Su muerte desató protestas masivas y llevó a dirigentes locales a acusar al gobierno federal de usar la fuerza migratoria como espectáculo político.
Comunidad, escuelas y Congreso elevan la presión sobre ICE
Líderes escolares de Columbia Heights pidieron a ICE mantenerse alejado de planteles y rutas estudiantiles, mientras familias migrantes reorganizan horarios y trayectos para reducir el riesgo de encontrarse con agentes. Algunos menores ya dejaron de asistir a clases por miedo, según reportes de docentes y organizaciones comunitarias.
En paralelo, congresistas demócratas criticaron la detención de menores y exigieron explicaciones formales al Departamento de Seguridad Nacional. Varios legisladores calificaron las acciones de ICE como “crueldad innecesaria” y pidieron revisar a fondo las directrices de la operación, mientras organizaciones de derechos civiles documentan cada caso para posibles demandas.
Por ahora, Liam, la niña de 10 años y la estudiante de 17 siguen convertidos en símbolo del costo humano de la redada de ICE en Mineápolis. Su situación mantiene bajo presión al gobierno federal y alimenta el debate nacional sobre hasta dónde puede llegar la política migratoria cuando la frontera se mueve, de facto, hasta la puerta de una escuela primaria.
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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