Uso indebido de espacios para personas con discapacidad persiste sin castigo en Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo. – El uso indebido de cajones de estacionamiento y rampas destinadas a personas con discapacidad continúa siendo una falta recurrente y, en la mayoría de los casos, sin consecuencias en Quintana Roo. De acuerdo con datos expuestos por el colectivo Incluyéndonos Quintana Roo, durante el cierre de 2025 únicamente 2 de cada 10 reportes por esta infracción concluyeron con una multa de tránsito.

Gaspar Moguel Chab, representante del colectivo, denunció que esta baja tasa de sanción refleja un problema estructural más profundo: la normalización de la impunidad. Señaló que tanto en vialidades públicas como en plazas comerciales es común observar vehículos ocupando o bloqueando espacios reservados para la movilidad de personas con discapacidad, sin que exista una respuesta inmediata o efectiva por parte de las autoridades.

“El mensaje que se está enviando es claro: se puede incumplir la ley sin consecuencias reales”, afirmó el activista, quien subrayó que esta omisión institucional perpetúa prácticas discriminatorias que afectan directamente a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Fallas operativas y vacíos en la aplicación de la ley

Además del desinterés ciudadano, Moguel Chab apuntó a diversas deficiencias operativas y legales que dificultan la imposición de sanciones. Entre las principales, destacó la falta de agentes de tránsito suficientes para vigilar zonas de alta afluencia, como centros comerciales y corredores turísticos, donde las infracciones son frecuentes.

Otro de los obstáculos señalados es el criterio erróneo de algunas autoridades que consideran que, al tratarse de estacionamientos privados, no pueden intervenir. Sin embargo, el activista recordó que muchos de estos espacios son de acceso público, por lo que la normativa vigente sí faculta a la autoridad para aplicar sanciones.

“Las rampas y cajones no son concesiones, son derechos”, enfatizó Moguel Chab, al advertir que la interpretación laxa de la ley termina beneficiando a quienes incumplen y perjudicando a quienes dependen de estos espacios para desplazarse de forma segura.

Barreras físicas y falta de empatía social

Para las personas con discapacidad y sus familias, la obstrucción de rampas o cajones de estacionamiento va más allá de una simple falta administrativa. Representa una barrera física que limita el acceso a servicios médicos, centros de trabajo, comercios y trámites básicos, afectando su autonomía y calidad de vida.

En muchos casos, esta situación obliga a depender de terceros para maniobrar sillas de ruedas en espacios improvisados y peligrosos, incrementando el riesgo de accidentes. Además, refuerza una percepción de exclusión social, al evidenciar la falta de empatía y conciencia colectiva sobre las necesidades de accesibilidad.

Llamados sin sanción, un problema que persiste

El activista advirtió que, sin operativos permanentes, campañas de cultura vial y obligaciones claras para plazas comerciales y establecimientos, el problema seguirá siendo invisibilizado. Hasta ahora, señaló, los gobiernos municipales han optado por exhortos y llamados públicos, evitando aplicar sanciones reales.

Esta estrategia, lejos de resolver la situación, envía un mensaje de permisividad que refuerza la conducta infractora. Para Incluyéndonos Quintana Roo, el reto no solo es hacer cumplir la ley, sino generar un cambio cultural que reconozca la accesibilidad como un derecho fundamental y no como una concesión opcional