Roberto Borge enfrenta hasta 40 años de prisión por red criminal inmobiliaria

Roberto Borge corrupción: tribunal lo identifica como líder criminal

El panorama legal del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, dio un giro determinante luego de que un tribunal federal lo identificara como líder de una organización criminal dedicada al despojo sistemático de bienes inmobiliarios del estado. La resolución abre la puerta a una posible condena de hasta 40 años de prisión, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Xochitepec, Morelos, revocó una determinación previa que colocaba a Borge como subordinado dentro de la estructura criminal. A partir de los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), los magistrados concluyeron que el exmandatario ordenó directamente la venta irregular de 22 predios propiedad del gobierno estatal, lo que ocasionó un quebranto superior a 900 millones de pesos.

Terrenos estratégicos y empresas fantasma

De acuerdo con el expediente judicial, los inmuebles en cuestión se ubican en zonas de alto valor turístico, algunas cercanas a playas de la Riviera Maya. La mecánica consistía en venderlos a precios muy por debajo de su valor real, utilizando empresas fachada y prestanombres, muchos de ellos vinculados al círculo familiar y político del entonces gobernador.

Los magistrados subrayaron que Borge aprovechó su posición para acceder a información estratégica del Plan Estatal de Desarrollo, lo que le permitió anticipar zonas de crecimiento turístico y orientar las operaciones inmobiliarias en beneficio del grupo delictivo.

Riesgo de fuga frena su traslado a Quintana Roo

Pese a los intentos de su defensa por trasladarlo a un penal de Cancún, el tribunal determinó que Roberto Borge permanezca recluido en el Ceferepsi de Ayala, Morelos, al considerar que un centro de menor seguridad incrementaría el riesgo de fuga o incluso atentados contra su integridad.

En la investigación también aparece Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario estatal, quien habría firmado escrituras a favor de terceros. Aunque su paradero es desconocido, ha promovido recursos legales para evitar su detención.

Con esta resolución, el exgobernador —detenido desde 2017— enfrenta un escenario judicial adverso que apunta a que su eventual juicio se lleve a cabo desde prisión, marcando uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en Quintana Roo.