Reconocen a Centros de Justicia de Quintana Roo por su labor contra la violencia

Aval federal refuerza la atención a víctimas de violencia

Los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ubicados en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, obtuvieron la certificación del Sistema de Integridad Institucional (SII), un mecanismo federal que evalúa el desempeño ético, la transparencia y la eficiencia en instituciones públicas. El reconocimiento fue otorgado por la Secretaría de Gobernación, a través de la Secretaría de las Mujeres, con la colaboración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este aval tiene como objetivo fortalecer la calidad de los servicios dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, así como consolidar procesos institucionales bajo estándares de legalidad, profesionalismo y rendición de cuentas.

Compromiso institucional con enfoque de derechos

La directora de los CJM en Quintana Roo, Cynthia Ramos Tapia, señaló que esta certificación representa un compromiso renovado con la protección de las víctimas. A nombre del fiscal general del estado, Raciel López Salazar, sostuvo que el reconocimiento refleja el esfuerzo coordinado de los equipos de trabajo para ofrecer atención integral con perspectiva de género.

La funcionaria destacó que, tras este proceso de evaluación, se fortalecerán los mecanismos de atención, la capacitación del personal y los protocolos de actuación, con el propósito de garantizar servicios las 24 horas del día, durante todo el año.

En el marco de la Alerta de Violencia de Género

La certificación se otorgó en el contexto de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género y da cumplimiento a la Medida de Prevención 4 de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Playa del Carmen, además de acciones específicas en Lázaro Cárdenas.

Con ello, las autoridades buscan asegurar una atención oportuna, integral y con estándares verificables para las personas en situación de violencia, fortaleciendo la respuesta institucional ante uno de los principales retos en materia de seguridad y derechos humanos en la entidad