NACIONAL
Renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General marca el fin de una era en la FGR
El Senado acepta la dimisión del primer fiscal de la República; asumirá una embajada propuesta por Claudia Sheinbaum
La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General se volvió oficial este jueves 27 de noviembre de 2025, tras la recepción de su carta en el Senado de la República. El aún fiscal decidió dejar el cargo casi dos años antes de concluir su periodo, que estaba previsto hasta 2028, después de aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para convertirse en embajador de México en un “país amigo”.
En el documento dirigido a la presidenta del Senado, Gertz argumentó que la propuesta diplomática le permitirá seguir sirviendo al país desde otra trinchera del servicio público. Al mismo tiempo, pidió a la Cámara Alta iniciar el procedimiento constitucional para ratificar su nuevo nombramiento y, de forma paralela, poner en marcha el proceso para elegir a quien lo suceda en la Fiscalía General de la República (FGR).
Senado procesa la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General y abre la sucesión
El Senado recibió la carta de dimisión alrededor de la tarde y reanudó una sesión que se mantenía en receso desde horas antes, en medio de rumores y fuertes versiones sobre la salida del fiscal. Más tarde, el pleno aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a su cargo como Fiscal General de la República con una mayoría amplia, al considerar que existía “causa grave” para separarlo del cargo, como exige la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que conocía el contenido de la carta y reconoció el trabajo de Gertz al frente de la FGR. Además, adelantó que respetará el proceso que establece la ley para el nombramiento del nuevo fiscal, en coordinación con el Senado. Analistas subrayan que esta transición ocurre en un momento delicado, con temas relevantes abiertos en materia de seguridad y justicia.
Siete años de gestión, polémicas y el legado del primer fiscal de la República
La salida de Gertz también cierra un capítulo clave para la institución. Fue nombrado en enero de 2019 como el primer titular de la FGR, tras la transformación de la antigua Procuraduría General de la República. Durante casi siete años, encabezó investigaciones de alto perfil, reformas internas y procesos controvertidos que marcaron la imagen de la Fiscalía.
Su gestión acumuló críticas por la opacidad en algunos casos y por el uso político de ciertas carpetas, además de cuestionamientos por asuntos personales que llevó desde el cargo. Sin embargo, sus defensores destacan que consolidó la figura del fiscal autónomo y dio continuidad a investigaciones relevantes contra redes de corrupción y crimen organizado. El debate sobre su legado seguirá abierto, incluso después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General.
De aquí en adelante, la presidenta deberá enviar una terna al Senado para elegir al próximo fiscal, como marca la Constitución. Mientras tanto, un funcionario de alto nivel asumirá de manera interina la conducción de la FGR, en lo que se concreta la nueva designación. Especialistas advierten que el perfil del sucesor será clave para definir el rumbo de la política de procuración de justicia en el nuevo sexenio.
En suma, la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General no solo implica un relevo administrativo. Representa un punto de quiebre para una institución que aún busca consolidar su autonomía y credibilidad ante la ciudadanía. La discusión pública se trasladará ahora al Senado, donde se medirá qué tanto peso tendrá la independencia frente a los equilibrios políticos en la elección de la próxima persona titular de la FGR.
NACIONAL
Marx Arriaga pone en venta su casa para pagar deudas; acusa no haber recibido liquidación de SEP
El polémico exfuncionario del sector educativo recurre a la venta de su patrimonio inmobiliario tras su salida de la dependencia federal, denunciando públicamente impagos administrativos en sus prestaciones laborales.
La transición administrativa en el sector público ha comenzado a generar fracturas y reclamos financieros de alta visibilidad mediática. A través de un pronunciamiento que ha despertado una intensa oleada de reacciones, el controvertido académico Marx Arriaga pone en venta su casa para pagar deudas; acusa no haber recibido liquidación de SEP tras concluir su ciclo en la función pública. Por lo tanto, quien fuera uno de los rostros más visibles en el rediseño de los contenidos escolares se encuentra en una encrucijada económica personal, señalando directamente a los canales administrativos de la Secretaría de Educación Pública por la retención de sus haberes devengados.
Por consiguiente, la revelación de su situación patrimonial se dio a conocer luego de que se difundieran las ofertas inmobiliarias de su residencia particular en plataformas de bienes raíces y foros de discusión especializados. El exdirector de Materiales Educativos detalló que la falta de liquidez inmediata le ha impedido cubrir compromisos crediticios adquiridos durante sus años de gestión en la capital del país. En consecuencia, la contraloría interna de la SEP inició una revisión de los expedientes laborales para determinar el estatus real de los finiquitos correspondientes a los mandos medios y superiores salientes.
Las precisiones del exfuncionario sobre los adeudos de la dependencia
Los detalles del reclamo expuesto por el docente e investigador reflejan las complejidades operativas que enfrentan los exservidores públicos al finalizar sus periodos contractuales en el Gobierno Federal. El académico argumentó que los trámites burocráticos para la liberación de su compensación por término de efectos se han dilatado de forma injustificada por más de tres meses continuos. Al confirmarse que Marx Arriaga pone en venta su casa para pagar deudas; acusa no haber recibido liquidación de SEP, diversos analistas del sistema educativo recordaron las múltiples fricciones institucionales que el doctor en filología sostuvo con las cúpulas sindicales y los bloques de oposición durante su encargo.
Asimismo, la defensa legal del afectado adelantó que contempla promover un juicio de amparo en materia laboral ante los tribunales federales si la federación no agiliza los depósitos de sus primas de antigüedad y fondos de ahorro acumulados. Los portavoces oficiales de la Secretaría de Educación Pública omitieron emitir comentarios detallados sobre el estatus del excolaborador, argumentando que las cláusulas de protección de datos personales impiden ventilar montos de finiquitos en curso. Sin embargo, las áreas de recursos humanos confirmaron de manera general que todos los procesos de entrega-recepción se encuentran bajo auditoría estricta para garantizar la transparencia presupuestal.
Reacciones en el gremio docente y el sector inmobiliario
Por otra parte, los representantes del magisterio nacional y especialistas en políticas públicas manifestaron opiniones divididas en redes sociales respecto a la vulnerabilidad financiera manifestada por el ex directivo. Mientras que sus simpatizantes calificaron el retraso como un acto de hostil hostigamiento administrativo, sus críticos señalaron que los tabuladores oficiales de la dependencia debieron proveerle de las herramientas de previsión necesarias durante su estancia laboral.
Finalmente, las agencias de bienes raíces encargadas de la promoción del inmueble residencial continuarán con los recorridos programados para posibles compradores durante las próximas jornadas de esta semana de forma habitual. Los asesores financieros del académico esperan concretar la transacción inmobiliaria a la brevedad para evitar recargos judiciales por parte de las instituciones bancarias acreedoras. El caso de Marx Arriaga destapa las tensiones logísticas en el cierre de ciclos gubernamentales en este 2026, demostrando que los debates en torno a la burocracia educativa se trasladan ahora al ámbito del derecho laboral individual.
El primer gobernador de oposición en la historia moderna de México es capturado en un operativo conjunto, acusado de participar en una red de contrabando de combustible y fraude al fisco.
Autoridades federales capturaron en un operativo conjunto al primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, a quien acusan de participar en una red de contrabando de combustible y fraude al fisco. El panorama político y judicial de la frontera norte y del país entero ha registrado un vuelco de magnitudes históricas. Tras desplegar un operativo coordinado, fuerzas federales confirmaron la detención del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo por delincuencia organizada y huachicol fiscal a gran escala. Por lo tanto, las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) resguardaron al exmandatario estatal y referente histórico del panismo nacional para ponerlo a disposición de un juez de control federal en materia penal de forma inmediata.
Por consiguiente, la cumplimentación de la orden de aprehensión se ejecutó tras una serie de auditorías fiscales profundas e investigaciones de inteligencia financiera que vinculan presuntamente al exfuncionario con redes de introducción ilegal de hidrocarburos al territorio nacional. Los informes ministeriales iniciales sugieren que la estructura criminal utilizaba pedimentos de importación falsificados para evadir el pago de impuestos especiales en las aduanas del norte del país. En consecuencia, los agentes federales procedieron al aseguramiento del investigado en un perímetro resguardado para garantizar su traslado seguro hacia la Ciudad de México.
La red de contrabando de combustible y el fraude aduanero
Los detalles del expediente técnico procesal exponen que la investigación en contra del político bajacaliforniano tomó fuerza tras la detección de inconsistencias millonarias en empresas distribuidoras de energéticos asociadas a su entorno cercano. La modalidad delictiva, catalogada técnicamente como contrabando técnico o huachicol fiscal, consistía en registrar combustibles de alto valor como si fueran aceites o lubricantes de bajo costo tributario para burlar los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al confirmarse que está detenido el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo por delincuencia organizada y huachicol fiscal, la opinión pública nacional ha volcado su atención a las implicaciones partidistas del caso.
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento inmediato de las cuentas bancarias del exmandatario, así como de los terceros institucionales que presuntamente operaban como prestanombres dentro de la comercializadora de energéticos bajo sospecha. Los fiscales federales argumentan que el daño patrimonial al erario público asciende a varios cientos de millones de pesos por concepto de subfacturación aduanera. Sin embargo, el equipo de defensa legal del exsenador de la República ya prepara los primeros juicios de amparo, argumentando violaciones al debido proceso y una presunta persecución política por su perfil opositor.
Reacciones políticas e impacto en la frontera norte
Por otra parte, los liderazgos locales del sector empresarial y de las distintas fuerzas partidistas en Tijuana y Mexicali manifestaron posturas encontradas ante la caída de quien fuera el primer gobernador de oposición en ganar una gubernatura en el año 1989. Mientras que algunos sectores civiles exigen una investigación a fondo y sin distingos partidistas para erradicar las redes de corrupción aduanera, los militantes de su plataforma política demandaron que se respeten estrictamente las garantías individuales y la presunción de inocencia del indiciado.
Finalmente, el Centro de Justicia Penal Federal determinará la fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación durante las próximas horas de esta semana de forma perentoria. Los Ministerios Públicos de la Federación solicitarán formalmente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza de los delitos relacionados con la delincuencia organizada y la afectación directa a la seguridad energética del Estado mexicano. El arresto del histórico político fronterizo marca un precedente sin precedentes en el combate al tráfico ilegal de combustibles en las aduanas del norte del país en este año 2026.
Más de 150 maestras y maestros artesanos participarán del 24 al 27 de septiembre en un encuentro dedicado al patrimonio cultural mexicano.
Grupo Xcaret prepara la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, programada del 24 al 27 de septiembre de 2026 en la Riviera Maya.
La Hacienda Henequenera de Parque Xcaret recibirá durante cuatro días a 150 maestras y maestros artesanos provenientes de distintas regiones de México. El encuentro busca promover el arte popular y facilitar la comercialización directa de las piezas elaboradas por sus creadores.
Los visitantes podrán conocer diferentes expresiones artesanales y adquirir obras directamente de los participantes. La iniciativa pretende reducir intermediarios y favorecer que los ingresos lleguen a quienes mantienen activos los talleres y técnicas tradicionales.
La programación contempla venta de artesanías, demostraciones de técnicas, concursos, ponencias y pasarelas. Estas actividades permitirán conocer los procesos creativos, las historias y los conocimientos vinculados con cada pieza.
La feria también busca fortalecer la preservación del patrimonio cultural mediante la difusión de saberes transmitidos entre generaciones. El proyecto reúne expresiones relacionadas con textiles, cerámica, madera, fibras vegetales, metalistería y otras disciplinas del arte popular mexicano.
La edición anterior mostró el alcance económico y cultural que ha adquirido esta iniciativa. En 2025 participaron 289 personas artesanas procedentes de 22 estados y 18 comunidades indígenas, de acuerdo con datos difundidos sobre los resultados del encuentro.
Esa edición reportó ventas por 23.3 millones de pesos. Además, el 95% de las personas participantes generó nuevos contactos comerciales, según información presentada por la organización.
Los talleres vinculados con los participantes representan una fuente de empleo para 2,360 personas, de las cuales 66% son mujeres. Estos resultados colocan la comercialización como uno de los principales componentes del proyecto.
Con la tercera edición, Xcaret continuará ofreciendo un espacio de exhibición, intercambio y venta para creadores mexicanos. La feria busca conectar al público con el valor cultural, histórico y económico del trabajo artesanal, mientras promueve oportunidades comerciales para las comunidades que preservan estos oficios.
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