Denuncia de acoso contra Cuauhtémoc Blanco desata la primera revisión del Comité de Ética

La denuncia de acoso contra Cuauhtémoc Blanco marcó el primer caso atendido por el recién instalado Comité de Ética de la Cámara de Diputados. La diputada del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, presentó la queja luego de que el legislador le enviara un beso con la mano durante una sesión dedicada al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El incidente generó tensión inmediata y abrió un proceso formal dentro de San Lázaro.

Violencia simbólica: la diputada exige investigar la denuncia de acoso contra Blanco

En tribuna, Cruz Jiménez explicó que la acción del diputado no fue un simple ademán. Según ella, representó una forma de violencia simbólica y sexual que busca minimizar la presencia política de las mujeres.

“No fue una broma, fue violencia simbólica”

Además, advirtió que estas conductas se replican con facilidad. Por ello, señaló que su denuncia pretende visibilizar prácticas que los medios y redes suelen normalizar. También pidió que la Cámara atienda con seriedad cualquier señal de violencia hacia las legisladoras.

La presidenta de la Cámara confirma el proceso disciplinario

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, informó que el órgano legislativo ya recibió la denuncia. También anunció que el Comité de Ética inició el procedimiento correspondiente para revisar los hechos. Aseguró que el análisis seguirá la normatividad interna y que el caso avanzará sin dilaciones.

Blanco rechaza haber cometido una falta

Cuauhtémoc Blanco afirmó en un comunicado que su reacción no buscó ofender. Aclaró que el gesto fue aislado y que no tenía intención de provocar. Aunque reconoció que toda acción en la vida pública queda expuesta a interpretaciones, insistió en que no realizó ningún acto violento.
Además, llamó a evitar descalificaciones personales y pidió concentrarse en el diálogo democrático.

La denuncia de Cruz se suma a reclamos recientes de otras legisladoras que exigen frenar la protección institucional a presuntos agresores. Por lo tanto, el caso marcará un primer desafío para el Comité de Ética, que inició funciones este mismo periodo.
El proceso también abre un nuevo capítulo en el debate sobre violencia política de género al interior del Congreso mexicano.