Una investigación que pone en jaque la credibilidad de la justicia chilena

Un nuevo capítulo en la corrupción judicial en Chile

La corrupción judicial en Chile vuelve a ser noticia con la investigación contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema. El Ministerio Público la acusa de tráfico de influencias, sobornos y lavado de dinero, en un proceso que ha generado conmoción y cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial.

De acuerdo con la Fiscalía de Chile, Vivanco intervino en 2023 para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec en un litigio con la empresa estatal Codelco, que perdió más de un millón de dólares.

Una red de favores y vínculos personales

Los sobornos presuntamente fueron canalizados mediante Migueles, hoy detenido, y usados para viajes y compras personales. Además, la Fiscalía sospecha que existía una red de apoyo dentro del Poder Judicial. En consecuencia, el caso ha reabierto el debate sobre la ética y la transparencia institucional.

Por otro lado, el país aún recuerda el reciente “Caso Audios”, que llevó a la destitución del juez Antonio Ulloa y comprometió al abogado Luis Hermosilla. Ambos episodios muestran una tendencia preocupante que afecta la confianza en las instituciones.

Un sistema bajo sospecha

Este escándalo no es aislado. Hace apenas unas semanas, el Senado chileno destituyó al juez Antonio Ulloa por presuntos actos de corrupción. El proceso se relaciona con el llamado “Caso Audios”, una trama de tráfico de influencias encabezada por el abogado Luis Hermosilla.

Mientras tanto, el país observa con preocupación cómo se multiplican los casos de corrupción judicial. Cada nuevo episodio evidencia una estructura que por años operó sin rendición de cuentas.

Crisis de confianza y exigencia de reforma

La sucesión de escándalos expone la fragilidad de la élite judicial que durante años operó sin supervisión efectiva. Sin embargo, también impulsa un debate urgente sobre la reforma y transparencia en la justicia chilena.

Una generación joven observa este panorama con indignación, pero también con esperanza. El caso Vivanco podría marcar el inicio de una transformación necesaria en el sistema judicial y en la manera en que Chile entiende la rendición de cuentas.