INTERNACIONAL
Jeanine Áñez sale libre tras la anulación de su condena por “golpe de Estado”.
Jeanine Áñez recupera la libertad tras anulación de su condena por presunto golpe de Estado en Bolivia
Después de más de cuatro años en prisión, la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue liberada este jueves luego de que un tribunal anulara la condena de diez años que enfrentaba por su supuesta participación en un golpe de Estado en 2019. La exmandataria, de 58 años, había sido encarcelada en 2021 bajo cargos de asumir ilegalmente la presidencia tras la renuncia de Evo Morales, en medio de una crisis política que fracturó al país. Con la reciente resolución judicial, Áñez podrá continuar su proceso en libertad.
A su salida del penal, la exjefa de Estado declaró ante los medios: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”, y sostuvo que “nunca existió un golpe”, sino una transición para evitar el caos.
El encarcelamiento de Jeanine Áñez fue considerado por sectores internacionales y opositores bolivianos como un acto de persecución política, mientras que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) lo presentó como un paso hacia la justicia por lo ocurrido en 2019.
Durante su gestión interina, Áñez enfrentó acusaciones de represión y violaciones a los derechos humanos, especialmente durante los enfrentamientos en Sacaba y Senkata. Su detención en 2021 generó tensiones diplomáticas y protestas por la falta de garantías procesales.
La reciente anulación de su sentencia reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial en Bolivia, un tema recurrente en América Latina donde las decisiones judiciales suelen verse atravesadas por intereses políticos.
Diversos actores políticos celebraron la liberación de Áñez como una “rectificación necesaria”, mientras que el oficialismo la calificó de “retroceso en la búsqueda de justicia”.
Organismos de derechos humanos y analistas coincidieron en que el fallo sienta un precedente sobre los límites de la justicia penal en conflictos políticos. En redes sociales, exmandatarios como Carlos Mesa y líderes opositores del continente expresaron solidaridad con la exmandataria, advirtiendo que su caso refleja una tendencia preocupante de judicialización de la política.
El caso de Jeanine Áñez ilustra la delgada línea que separa la justicia de la venganza política en las democracias latinoamericanas. Su encarcelamiento fue visto por muchos como un castigo impuesto desde el poder, y su liberación, como una reparación tardía.
Más allá de las afinidades ideológicas, el mensaje es claro: cuando los tribunales actúan bajo presión política, la justicia deja de ser árbitro y se convierte en arma. En Bolivia, las heridas de 2019 continúan abiertas y la reconciliación, aún distante.