Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan

El crimen de Carlos Manzo vuelve a exhibir la vulnerabilidad del Estado frente al crimen organizado en Michoacán

Ciudad de México. — Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y del empresario limonero Alejandro Torres Mora, sobrino del líder autodefensa Hipólito Mora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó este domingo, de manera urgente, al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional.

La reunión inició a las 9 de la mañana y se prolongó por más de una hora, con la participación de los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Guardia Nacional, encabezados por Omar García Harfuch.

El funcionario informó que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, reforzada en mayo pasado. Detalló que la Guardia Nacional había asignado 14 elementos para su seguridad periférica, además de dos vehículos oficiales y coordinación con policías municipales de su confianza.
Sobre el ataque, García Harfuch explicó que el agresor “se acercó con pleno conocimiento del riesgo, sabiendo que iba a perder la vida o ser detenido”.

Por su parte, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el edil mantenía comunicación permanente con el Ejército y la Guardia Nacional, con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales entre mayo y octubre para revisar su esquema de protección y las operaciones desplegadas en la región.

“No habrá impunidad”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el asesinato y aseguró que los agresores fueron detenidos y uno abatido. Subrayó que desde el momento del ataque mantuvo comunicación directa con el gobernador de Michoacán y con las fuerzas de seguridad federales para reforzar los operativos en la zona.

“Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecer aún más la estrategia de seguridad. Reafirmamos nuestro compromiso de alcanzar la paz y la justicia con cero impunidad”, expresó la mandataria.

El crimen de Carlos Manzo —un alcalde independiente que había denunciado amenazas constantes— vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del Estado frente al poder criminal y el desafío del gobierno federal para garantizar la seguridad en Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia organizada.

El asesinato de un alcalde bajo custodia federal demuestra la magnitud del problema: ni la protección del Estado alcanza frente a la capacidad de fuego del crimen. La respuesta inmediata de la presidenta Sheinbaum busca enviar un mensaje de control, pero la realidad es que la violencia política sigue desbordando los límites institucionales. Michoacán se ha convertido en un espejo de la fragilidad nacional: funcionarios sitiados, comunidades sin Estado y una seguridad pública que no logra romper la lógica del miedo.