Tribunal Electoral revoca multas del INE por “acordeones” en la elección judicial

El fallo exhibe la fragilidad normativa del proceso y reaviva el debate sobre la transparencia en la contienda del Poder Judicial

Ciudad de México. — El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) —por más de 6 millones de pesos— a diversas candidaturas que participaron en la elección judicial, acusadas de aparecer en los llamados “acordeones” o guías de votación.

La Sala Superior determinó, por mayoría, que el INE no acreditó de manera contundente que dichos materiales influyeran en el voto ciudadano ni que generaran un beneficio indebido para los aspirantes. Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata votaron a favor de la revocación, mientras que Reyes Rodríguez y Janine Otálora se pronunciaron en contra.

El argumento central fue que el INE basó las sanciones en presunciones, sin aportar pruebas fehacientes sobre el origen, distribución o impacto real de los materiales. En contraste, los votos disidentes advirtieron que su difusión —impresa y digital— sí contribuyó al posicionamiento indebido de ciertas candidaturas.

Con esta resolución, el Tribunal pone fin —por ahora— a una controversia que reaviva el debate sobre la transparencia y los límites de la propaganda en un proceso electoral inédito para México.

Entre legalidad y legitimidad

El fallo refleja una vez más la fragilidad de los procedimientos sancionadores del INE, construidos en muchos casos sobre indicios más que sobre evidencias verificables. Si bien el Tribunal actuó conforme a derecho al exigir pruebas sólidas, el mensaje político es delicado: se corre el riesgo de normalizar prácticas opacas en una elección que buscaba legitimar precisamente al Poder Judicial.

La revocación puede interpretarse como un golpe a la autoridad del INE, pero también como un recordatorio del límite institucional: la ley no puede aplicarse sobre suposiciones. En el fondo, este fallo deja al descubierto un vacío normativo que México aún no logra resolver:
¿cómo sancionar la trampa electoral cuando se disfraza de “estrategia informativa”?