Diputados aprueban ley contra la extorsión, pero reducen penas a funcionarios omisos: la polémica de “la Ley Bermúdez”

Morena modifica la propuesta original de Sheinbaum; oposición acusa retroceso en la lucha anticorrupción

Ciudad de México. — Como se informó ayer, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una norma que busca frenar uno de los crímenes más extendidos y temidos del país.
Aunque la votación en lo general fue por unanimidad, la polémica estalló durante la discusión de los artículos reservados: Morena redujo las penas para los servidores públicos que sean omisos o cómplices de este delito, pasando del rango de 10 a 20 años —como propuso originalmente la presidenta Claudia Sheinbaum— a solo 5 a 12 años de prisión.

La modificación fue impulsada por el coordinador morenista Ricardo Monreal y respaldada por la mayoría oficialista. En contraste, el PAN y el PRI votaron en contra y calificaron la reforma como un retroceso en materia anticorrupción, bautizándola como “la Ley Bermúdez”, en alusión al exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La iniciativa pasará ahora al Senado de la República, donde se prevé una discusión intensa.

Lo que sí cambia la nueva ley

El dictamen aprobado contempla penas de 6 a 15 años para quienes cometan extorsión, con agravantes cuando exista cobro de piso, violencia física, o si las víctimas son menores, migrantes o adultos mayores.
El objetivo, según la exposición de motivos, es tipificar con claridad las distintas modalidades del delito, reforzar la investigación y proteger a quienes sufren amenazas o chantajes económicos.

Entre negligencia y complicidad

Lo preocupante no es solo la reducción de las penas, sino el mensaje político y ético que envía. Disminuir el castigo a funcionarios que sean omisos frente a la extorsión puede leerse como un retroceso en la lucha contra la corrupción, precisamente en un momento en que el crimen organizado ha extendido su control sobre economías locales.

Si el propósito era endurecer la ley contra los extorsionadores, suavizar las sanciones a los servidores públicos que miran hacia otro lado parece una contradicción. La línea entre negligencia y complicidad es delgada… y con esta reforma, parece más borrosa que nunca.
El Senado tiene ahora la última palabra.