Ricardo Salinas Pliego desafía al SAT: la Suprema Corte frena su intento de bloquear litigios fiscales

La Corte multa a Grupo Elektra y Sheinbaum advierte: “Si quieren pagar, que paguen. No se necesita negociación.”

Ciudad de México. — El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entró en una fase decisiva. Grupo Elektra intentó impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera los litigios fiscales que enfrenta por más de 34 mil millones de pesos, mediante una serie de recursos legales que buscaban frenar la intervención de los ministros.

Sin embargo, la maniobra fue rechazada de manera contundente: la Corte no solo negó la suspensión solicitada, sino que además multó a la empresa por intentar obstaculizar el proceso judicial.

El magnate, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Totalplay, respondió públicamente. Durante un evento multitudinario en la Arena Ciudad de México, con motivo de su 70º cumpleaños, aseguró que está dispuesto a pagar sus adeudos y que ya entregó una carta al gobierno de Claudia Sheinbaum para “actualizar la deuda” y saldarla en menos de diez días.

No obstante, la cifra que propone —7 mil 600 millones de pesos— dista significativamente de los 74 mil millones que el fisco mexicano reclama.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante:

“No existe ningún acuerdo fiscal. Si quieren pagar, que paguen. No se necesita mesa de negociación.”

La declaración marcó una línea política clara y envió un mensaje directo al empresariado: la ley no se negocia.

El poder, los impuestos y la batalla por el Estado de derecho

El caso Salinas Pliego vs. SAT es mucho más que un litigio fiscal: es un pulso entre el poder económico y el poder institucional del Estado mexicano. En un país con una larga historia de privilegios fiscales, el desenlace de este conflicto será una prueba crucial para la credibilidad del gobierno y la independencia del Poder Judicial.

El intento de Elektra por frenar a la Corte representa un desafío inédito a la autoridad del máximo tribunal. La respuesta del Estado, en cambio, busca dejar claro que la justicia tributaria no puede ser selectiva.

Aun así, el proceso exige transparencia absoluta. El SAT y la administración de Sheinbaum deberán evitar cualquier lectura política o revancha ideológica si quieren sostener la legitimidad de su postura.

Porque lo que hoy está en juego no es solo una deuda millonaria: es la confianza de los ciudadanos en que, por fin, la ley también alcanza a los poderosos.