Crisis del agua desata conflicto social en el Estado de México

Purificadoras y piperos bloquean avenidas tras el cierre de pozos en 48 municipios; Sheinbaum pide revisar caso por caso

Estado de México. — La crisis hídrica que atraviesa el país estalló en conflicto social. Dueños de purificadoras, piperos y trabajadores del sector bloquearon ayer avenidas principales en Chimalhuacán, Chicoloapan y Nezahualcóyotl, para exigir la reapertura de pozos clausurados por el Operativo Caudal, una acción encabezada por la Fiscalía mexiquense destinada a frenar el robo y la venta ilegal de agua.

Los manifestantes denunciaron que la medida afectó a negocios con permisos en regla y dejó sin abasto a miles de familias, particularmente en la zona oriente del Valle de México. Algunos advirtieron que cerrarán definitivamente sus purificadoras si no se restablece el suministro, pues dependen de las pipas para procesar y distribuir agua potable.

Durante las protestas se registraron bloqueos intermitentes, con algunos enfrentamientos menores, aunque sin detenidos. Más tarde, líderes de los piperos se reunieron con autoridades estatales para buscar una salida al conflicto.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la gobernadora Delfina Gómez y la Conagua revisarán caso por caso la situación legal de los proveedores afectados. El operativo, que cerró más de 160 tomas y pozos clandestinos en 48 municipios, expuso la vulnerabilidad estructural del sistema de distribución de agua y la difusa frontera entre la legalidad y el mercado negro del líquido vital.

Agua, control y desigualdad

El conflicto en el Estado de México muestra con crudeza una realidad nacional: la crisis del agua no es solo ambiental, sino social y política. El Operativo Caudal pretende combatir la ilegalidad, pero sus efectos colaterales exhiben la falta de planeación y alternativas para quienes dependen económicamente del suministro irregular.

Cerrar pozos sin garantizar fuentes legítimas de abasto convierte la lucha contra el saqueo en una guerra contra la supervivencia. Lo ocurrido en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl no es un episodio aislado: es el síntoma de un sistema hídrico fragmentado, donde la autoridad actúa a la defensiva y la población opera en la informalidad por necesidad.

Si el Estado busca recuperar el control del agua, debe hacerlo con transparencia, inversión y participación social, no solo con operativos policiales. En un país donde el acceso al agua se ha vuelto un privilegio, cada cierre de pozo revela una crisis más profunda: la del modelo de gestión y justicia hídrica.