Conductores de Uber denuncian falta de voluntad política para regular plataformas de transporte en Quintana Roo

Conflicto legal y acusaciones de corrupción

Cancún, Q. Roo — La representante de conductores de Uber en Quintana Roo, Águeda Esperilla Soto, denunció que la falta de regulación de las plataformas digitales de transporte en el estado responde a la corrupción y a la ausencia de voluntad política por parte de las autoridades. Según señaló, esta situación se ha prolongado por más de nueve años, beneficiando únicamente a ciertos grupos, en especial a sindicatos de transporte, mientras se ignoran los derechos de los usuarios y trabajadores de aplicaciones como Uber, Didi e InDrive.

Águeda Esperilla Soto – Representante de conductores de Uber en Quintana Roo

Esperilla Soto afirmó que el gobierno estatal continúa aferrado a conservar estructuras que calificó como “mafias”, lo que impide avanzar hacia un modelo de movilidad más equitativo y moderno. “Mientras se mantenga este esquema de protección a intereses particulares, las cosas no van a cambiar”, expresó.

Comparaciones con otros estados y rechazo a Imoveqroo

La representante también criticó las exigencias impuestas por el Estado para permitir la operación legal de Uber, calificándolas como “ridículas y absurdas”, en contraste con entidades como Yucatán, donde se ha logrado avanzar en la regulación de plataformas digitales de transporte. Actualmente, Uber mantiene un litigio contra el gobierno estatal, tras impugnar reformas a la Ley de Movilidad que limitan su operación.

En este contexto, el Congreso del Estado ha manifestado su intención de otorgar mayores facultades al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) para regular estas plataformas. Sin embargo, Esperilla Soto advirtió que esta medida podría agravar el conflicto, ya que dicha dependencia ha bloqueado en múltiples ocasiones las mesas de diálogo y no ha mostrado avances significativos en el proceso de regularización.

Llamado a una regulación justa y transparente

Los conductores de Uber han reiterado su disposición a dialogar y cumplir con requisitos razonables, siempre que se garantice un marco regulatorio justo, transparente y libre de intereses corporativos. La falta de avances en este tema afecta no solo a los trabajadores de las plataformas, sino también a miles de usuarios que demandan opciones de transporte seguras, accesibles y modernas.

El conflicto entre Uber y el gobierno estatal continúa en tribunales, mientras se espera que el Congreso defina el futuro de la regulación en el marco de la Ley de Movilidad. La ciudadanía y el sector turístico observan con atención, ante un tema que impacta directamente en la calidad del servicio y la competitividad del destino.