Álvaro Uribe es absuelto tras una década de proceso: Colombia se divide entre justicia e impunidad

El expresidente fue liberado de los cargos de fraude procesal y soborno a testigos; el fallo reaviva la polarización política en Colombia

Bogotá, Colombia. — El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto este martes de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, luego de un proceso judicial que se extendió por más de una década y marcó profundamente la vida política de Colombia.

El tribunal de Bogotá determinó anular la sentencia que lo condenaba a 12 años de prisión, al considerar que las pruebas —especialmente las escuchas telefónicas— fueron obtenidas de manera ilegal.
Una magistrada, sin embargo, votó en contra y sostuvo que existían elementos suficientes para mantener la condena.

La derecha colombiana celebró la decisión como un acto de justicia, mientras que la izquierda, encabezada por el presidente Gustavo Petro, la calificó de un retroceso en la lucha contra la impunidad. Diversos colectivos y partidos anunciaron movilizaciones en rechazo al fallo.

Un fallo que reconfigura la política colombiana

Para analistas, la absolución de Uribe reconfigura el tablero político de cara a las elecciones presidenciales de 2026, al fortalecer a una derecha fragmentada que busca recuperar el poder.
Sin embargo, el exmandatario aún enfrenta acusaciones por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno, en el marco de los llamados “falsos positivos”.

Lejos de cerrar un capítulo, la decisión reaviva la polarización entre quienes ven a Uribe como símbolo de la seguridad democrática y quienes lo consideran responsable de los excesos del Estado durante el conflicto armado.

Más que un juicio, una batalla por la memoria

La absolución de Álvaro Uribe trasciende el terreno judicial: refleja el peso político del expresidente y la fractura ideológica que atraviesa Colombia.
Aunque el tribunal argumenta fallas procesales, la percepción social se inclina hacia la impunidad. Para muchos colombianos, este fallo reabre viejas heridas y plantea una pregunta incómoda:
¿puede haber justicia cuando el poder político sigue influyendo en los tribunales?