Condenan a los autores del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner

Buenos Aires, Argentina. — La justicia argentina dictó sentencia por el intento de magnicidio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido en septiembre de 2022 frente a su residencia en el barrio de Recoleta.

Fernando Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por intentar disparar una pistola a centímetros del rostro de la exmandataria, mientras que su pareja, Brenda Uliarte, recibió una pena de 8 años por complicidad. El ataque no se consumó únicamente porque el arma no disparó al momento de jalar el gatillo.

Un tercer acusado, Nicolás Carrizo, jefe de ambos en un negocio de venta de algodón de azúcar, fue absuelto por falta de pruebas.

Pese a la sentencia, el caso sigue generando controversia. Cristina Fernández cuestionó la investigación judicial, señalando que no se profundizó en los móviles ni en los posibles autores intelectuales. La ex presidenta insinuó la existencia de sectores políticos opositores que habrían buscado eliminarla físicamente, no solo políticamente.

El fallo, aunque firme en lo penal, deja abiertas heridas profundas en la sociedad argentina, marcada por la polarización y la desconfianza institucional.

Un fallo que no cierra las heridas de la democracia argentina

La condena a los autores materiales del ataque contra Cristina Fernández de Kirchner representa un paso importante hacia la justicia, pero no suficiente.
El intento de magnicidio fue un punto de quiebre en la historia política argentina reciente, y reducirlo a un acto individual ignora la posible raíz política del odio que lo inspiró.

Si detrás del ataque hubo motivaciones ideológicas o intereses partidarios, ignorar esas conexiones sería un error histórico. América Latina conoce bien los efectos del silencio ante la violencia política: la impunidad se multiplica y la democracia se erosiona.

En tiempos donde los discursos de odio y la intolerancia se normalizan, la justicia tiene una responsabilidad mayor: no solo castigar, sino esclarecer. Porque cuando las palabras se convierten en armas, el silencio institucional termina siendo cómplice del próximo disparo.