Trump impone nuevos aranceles a la madera y muebles importados: la medida podría encarecer la vivienda en EE.UU.

Washington, D.C. — El presidente Donald Trump anunció un nuevo paquete de aranceles que está generando controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos. A partir del 14 de octubre, toda la madera importada enfrentará un impuesto del 10 %, mientras que muebles, gabinetes y tocadores pagarán un 25 %.

El plan no se detiene ahí: para enero, algunos productos podrían alcanzar tarifas de hasta 50 %, según confirmó la Casa Blanca. Trump justificó la medida alegando que busca “proteger la seguridad nacional” y recuperar la manufactura estadounidense, una bandera central de su campaña económica.

Sin embargo, expertos advierten consecuencias directas para los consumidores. El sector inmobiliario ya enfrenta precios récord y escasez de materiales, y la madera canadiense representa casi el 30 % del consumo nacional. Limitar su entrada podría aumentar el costo de vivienda y mobiliario, afectando a millones de familias en plena crisis habitacional.

Mientras tanto, fabricantes locales celebran la medida como un “respiro frente a la competencia extranjera”, aunque constructores y distribuidores alertan que el impacto podría revertir cualquier beneficio a corto plazo.

El nacionalismo económico de Trump, entre símbolos y costos reales

Una vez más, Trump apuesta por el nacionalismo económico como eje de su narrativa política, ahora usando la madera como símbolo de autosuficiencia. Pero la realidad es que estas políticas, aunque populares entre ciertos sectores industriales, terminan funcionando como un arma de doble filo.

Proteger la producción nacional no garantiza estabilidad económica si los precios al consumidor se disparan. Estados Unidos ya enfrenta una crisis de vivienda sin precedentes, y medidas como esta podrían profundizar las desigualdades en lugar de resolverlas.
Trump busca mostrar fuerza ante el electorado, pero el riesgo es alto: cuando el discurso económico se convierte en política proteccionista, el votante termina pagando la factura.