NACIONAL
Campeche realiza expropiacion de predios vinculados a Alito Moreno para universidad
Cuatro terrenos por 70 mil m² quedan bajo decreto estatal
Expropiacion en Campeche de 4 predios ligados a Alito Moreno
El gobierno de Campeche realizó la expropiación cuatro predios vinculados a familiares de Alito Moreno, con una extensión total de unos 70 mil metros cuadrados. Uno de esos terrenos está registrado a nombre de su madre, Yolanda Mercedes Cárdenas, y otros dos pertenecen al arquitecto Juan José Salazar, conocido como su colaborador cercano.
El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, declaró utilidad pública esos predios ubicados en el fraccionamiento Miramar para edificar la Universidad de la Salud Rosario Castellanos. La gobernadora Layda Sansores defendió la medida como acto de justicia hacia la población.
La controversia legal y acusaciones de lavado de dinero
La expropiación en Campeche no pasó desapercibida para la presidencia. Claudia Sheinbaum afirmó que esos terrenos pertenecen a propiedades adquiridas mediante lavado de dinero y corrupción, lo que legitima la intervención estatal. Moreno, por su parte, afirmó que la medida representa un abuso político y prometió demandar a la gobernadora y a la presidenta.
La reforma reciente a la Ley de Expropiación del estado otorgó plazos de apenas cinco días hábiles para presentar alegatos y extendió hasta 10 años el tiempo para pagar indemnizaciones, dejando en manos del Ejecutivo estatal la valuación de los terrenos.
Interpretaciones políticas y repercusiones
La expropiación en Campeche refleja profundas tensiones políticas entre Alito Moreno y la administración estatal vinculada a Morena. Alito denunció que el decreto pretende despojarlo injustamente y vinculó la acción con su agenda crítica hacia el gobierno federal.
Analistas opinan que este acto puede funcionar como un precedente para recuperar bienes ligados a corrupción. No obstante, advierten que la batalla legal será larga, ya que los afectados podrían impugnar mediante amparos y tribunales federales.
La medida ha polarizado el debate local. Mientras los simpatizantes del proyecto educativo celebran la medida como avance, los críticos la consideran un salto hacia la expropiación política bajo una narrativa de “justicia social”.