NACIONAL
Acusan a juezas electas de acosar a trabajadores en Veracruz y Sinaloa.
Denuncian hostigamiento laboral en el Poder Judicial tras la reforma
Desde hace varias semanas, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación han denunciado actos de hostigamiento y acoso laboral por parte de nuevas juezas y magistradas que asumieron funciones tras la reforma judicial.
Las primeras quejas se concentran en Veracruz y Sinaloa, donde se acusa a juzgadoras de presionar al personal para que renuncie, a pesar de que el artículo décimo transitorio de la reforma garantiza el respeto pleno a los derechos laborales.
El colectivo 32 Circuitos Unidos y otras agrupaciones sindicales señalan casos en los que, bajo el argumento de “nueva administración”, se solicitó la renuncia de personal de confianza y base, incluso en situaciones de alta vulnerabilidad. Entre las señaladas están la magistrada Antonia Ahleli Feria Hernández, en Veracruz, y la jueza Delia Icela Quiroa Flores, en Sinaloa.
El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, ya había exhortado a los nuevos juzgadores a no despedir personal, al considerar que su experiencia fortalece al sistema. Ahora, los trabajadores piden la intervención urgente de la presidenta Claudia Sheinbaum y de los órganos de control judicial para frenar estos abusos y garantizar condiciones laborales justas, libres de violencia y discriminación.
🔎 Reflexión: Estas denuncias son graves porque revelan que la reforma judicial, que prometía democratizar al Poder Judicial, podría estar abriendo la puerta a abusos de poder. Si se confirma que hay presiones para despedir trabajadores con trayectoria, no solo se violaría la Constitución, sino también la confianza de la ciudadanía en que la justicia se imparte sin venganzas ni intereses personales.
El respeto a los derechos laborales no es un trámite: es un pilar de la independencia judicial. Si la justicia comienza con atropellos internos, difícilmente podrá ofrecer legitimidad hacia afuera. El reto del nuevo Poder Judicial es claro: demostrar con hechos que la reforma no significa purga, sino fortalecimiento institucional.