Manifestación en Playa del Carmen en apoyo a Addy, absuelta en caso de feminicidio de 2018

Playa del Carmen, Q. Roo — La tarde de este domingo, un grupo de personas se manifestó pacíficamente en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Playa del Carmen, en respaldo a Addy Candelaria N., quien en 2018 compartía vivienda con Vianca Labastida, víctima de feminicidio en ese mismo año. Las manifestantes exigieron que se respete el debido proceso y se detenga lo que consideran una nueva tentativa de vincular injustamente a Addy con el caso.

De acuerdo con las participantes, Addy ha presentado pruebas ante las autoridades que demuestran su inocencia, y señalan que durante la investigación no se ha citado a declarar al exnovio de la víctima, quien desapareció tras los hechos y cuya posible implicación no ha sido esclarecida.

Cabe recordar que Addy fue detenida en Cancún en 2023 por la Fiscalía, pero posteriormente fue absuelta y no vinculada a proceso, tras no encontrarse elementos suficientes para sostener la acusación. Sin embargo, colectivos feministas y familiares de la víctima han mantenido presión sobre el caso, lo que ha derivado en nuevas diligencias por parte del Ministerio Público.

Según información reciente, la Fiscalía solicitó una audiencia de formulación de imputación contra Addy Candelaria N., la cual se celebrará sin detenido, en virtud de que la señalada se encuentra en libertad. Esta acción ha generado preocupación entre sus allegados, quienes consideran que se está reviviendo una acusación ya desestimada, sin nuevos elementos probatorios.

Las manifestantes denunciaron que el proceso ha estado marcado por omisiones y falta de perspectiva de género, y pidieron que se investigue a fondo todas las líneas del caso, incluyendo a personas que no han sido llamadas a declarar. “No se puede construir justicia sobre la base de prejuicios ni presiones mediáticas. Addy ya fue absuelta, y ahora quieren volver a vincularla sin fundamentos”, expresó una de las participantes.

El caso de Vianca Labastida, ocurrido en 2018, continúa siendo uno de los más sensibles en la región, y ha generado múltiples expresiones de exigencia de justicia por parte de colectivos ciudadanos. La audiencia programada para el próximo mes podría marcar un nuevo giro en el proceso judicial, mientras persiste el debate sobre la transparencia y equidad en la actuación de las autoridades.