Contradicciones en la versión oficial sobre Hernán Bermúdez sacuden al gobierno

La polémica en torno a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, volvió a sacudir la esfera política. Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue Andrés Manuel López Obrador quien ordenó su destitución en diciembre de 2023, tras conocerse en el Gabinete de Seguridad sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, los tiempos no cuadran. Según la propia Sheinbaum, el caso llegó al gabinete casi un año después de que medios como Latinus revelaran en 2022, a través de los Guacamaya Leaks, que Bermúdez ya aparecía en archivos de inteligencia. Incluso, un documento militar filtrado apunta que desde 2021 López Obrador habría solicitado investigar sus actividades ilícitas.

En 2022, cuando fue cuestionado en conferencia de prensa, el entonces presidente desestimó las denuncias y las calificó como una “campaña de desprestigio”.

Con la nueva versión oficial, queda la duda: ¿por qué tardó tanto en tomarse una decisión? Bermúdez fue removido hasta enero de este año, pero la discrepancia en las fechas reaviva la suspicacia sobre lo que realmente se supo —y cuándo— en Palacio Nacional.

Estas contradicciones son graves porque van más allá de un funcionario: ponen en entredicho la credibilidad de las instituciones de seguridad. Si el gobierno sabía desde 2021, ¿por qué se negó públicamente en 2022? Y si no se sabía, ¿cómo explicar los reportes oficiales que apuntan lo contrario?

La ciudadanía merece claridad y rendición de cuentas, pues lo que está en juego es la confianza en las instituciones del país.