Nicaragua declaró como “propiedad estatal” todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley de Territorio Fronterizo. Esta ley declara propiedad estatal terrenos, edificaciones y cuerpos de agua a menos de 15 km de las fronteras. El objetivo es reforzar la soberanía y seguridad nacional. Busca prevenir injerencias externas y delitos como narcotráfico. La ley afecta a más de 18,000 kilómetros cuadrados. Incluye viviendas, pueblos y zonas protegidas.

La ley pone el control de estos territorios bajo el Ejército de Nicaragua. El resguardo de la zona queda en manos militares. Esto podría afectar derechos de propiedad y actividades económicas. Organizaciones opositoras y juristas advierten sobre posibles efectos negativos. La ley fue aprobada sin consulta previa en comisión. Genera incertidumbre sobre el impacto en población fronteriza.

Estados Unidos ha denunciado la ley como una «confiscación masiva». Advierte a inversionistas estadounidenses sobre riesgos de operar en Nicaragua. La medida podría afectar relaciones bilaterales entre ambos países. Opositores nicaragüenses expresan preocupación por derechos de propiedad. La ley podría impactar inversiones y desarrollo en zonas fronterizas. Hay temor por posibles consecuencias económicas.

La ley abarca al menos 27 municipios en Nicaragua. Afecta áreas con viviendas, fincas y zonas protegidas. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impulsa la medida. Argumentan que es para proteger la soberanía nacional.

Analistas vinculan la ley a una creciente paranoia militarista en el gobierno. La medida podría tener implicaciones en la seguridad y economía de zonas fronterizas. Hay preocupación por el impacto en derechos humanos y propiedad privada.