INTERNACIONAL
Una ciudad de EE.UU. está repleta de cadáveres de inmigrantes y las autoridades no saben qué hacer
Estados Unidos (actualidad.rt).- Eagle Pass (Texas), uno de los lugares más mortíferos en el límite entre EE.UU. y México, está repleta de cadáveres de inmigrantes que fallecieron intentando cruzar la frontera. La situación ha hecho que la ciudad no tenga más espacio en la morgue, mientras las autoridades denuncian la falta de recursos para lidiar con la crisis, así como los problemas psicológicos que está generando.
La migración a niveles récord ha provocado muertes sin precedentes en el condado de Maverick, una comunidad fronteriza que es la zona cero de la disputa entre Texas y la Administración de Joe Biden. Según un reporte publicado recientemente por The Washington Post, la mayoría de las víctimas se ahogan al intentar cruzar el río Bravo, mientras que en otras jurisdicciones mueren deshidratados al intentar cruzar las vastas y desoladas tierras del estado.
De acuerdo con el informe, hace unos años las autoridades recuperaban uno o dos cuerpos al mes, una cifra que en la actualidad es diaria y pasa desapercibida por la opinión pública estadounidense. Al menos 895 migrantes murieron cruzando a EE.UU. en 2022, el último año del que hay datos disponibles.
Infraestructura colapsada
En ese panorama, los rescates por parte de la Patrulla Fronteriza estadounidense ascendieron a 37.323 en 2023 en comparación con 2019, cuando socorrieron a 2.920 personas. La crisis migratoria ha colapsado la infraestructura de los rescatistas, que se han quedado sin bolsas para cadáveres y lugares de sepultura.
Previamente, el condado de Maverick solo había reservado 100.000 dólares para la manipulación de cadáveres de migrantes, pero acabará gastando más de un millón de dólares, dijo el fiscal local al periódico. Ante la situación, las autoridades se han visto obligadas a usar un remolque frigorífico, adquirido durante la pandemia del covid-19, para albergar a 28 cuerpos.
Asimismo, algunos de los fallecidos son enterrados sin que sus familias sepan qué les pasó, ya que la falta de identificación impide que sean notificadas. Los funcionarios del condado afirman que no tienen capacitación ni los suministros necesarios para poder recolectar muestras de ADN de cada persona no identificada, como exige la ley estatal.
Secuelas psicológicas en las autoridades
Por otra parte, la situación ha comenzado a afectar psicológicamente a los propios socorristas. «Llegué al punto en que los metía en las bolsas de cadáveres de manera que ya no tuviera que verles la cara», confesó el bombero y técnico en emergencias médicas Marcos Kypuros, quien en noviembre tuvo que rescatar a varios niños.
«Existe una sensación abrumadora de ‘¿qué vamos a hacer?’ Quieres asegurarte de que regresen con sus seres queridos, pero hay demasiada gente cruzando el río», expresó Jeannie Smith, jueza de paz encargada de registrar los decesos. «¿Dónde ponemos los cuerpos?», se preguntó.
La forma tosca y desorganizada con la que a menudo identifican y almacenan los restos aumenta la «indignidad» de las muertes y agrava la angustia de los familiares, que pueden esperar meses o incluso años hasta saber el destino de sus seres queridos, destaca The Washington Post.
Con información de: https://actualidad.rt.com/actualidad/
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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