INTERNACIONAL
Se extraditará a Assange sólo si EU no lo condena a muerte: corte británica
Londres (jornada).- Un tribunal británico dictaminó el martes que Julian Assange no puede ser extraditado a Estados Unidos por cargos de espionaje a menos que las autoridades estadunidenses garanticen que no será condenado a muerte, lo que supone una victoria parcial para el fundador de WikiLeaks en su larga batalla legal en torno a la publicación de documentos clasificados estadunidenses.
Dos jueces del Tribunal Supremo afirmaron que concederían a Assange una nueva apelación a menos que las autoridades estadunidenses den nuevas garantías en el plazo de tres semanas sobre lo que ocurrirá con él. El fallo significa que el enredo legal, que se ha prolongado durante más de una década, continuará, y que Assange permanecerá dentro de la prisión de alta seguridad de Belmarsh de Londres, donde ha pasado los últimos cinco años.
Los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson dijeron que Estados Unidos debe garantizar que Assange, quien es australiano, “goce de las mismas protecciones de la Primera Enmienda que un ciudadano estadunidense, y que no se le imponga la pena de muerte”.
Además, dijeron que si Estados Unidos presenta nuevas garantías, “daremos a las partes la oportunidad de presentar nuevos expedientes antes de tomar una decisión final sobre la solicitud de autorización para apelar”. Los jueces dijeron que se celebrará una audiencia el 20 de mayo si Estados Unidos hace esas aportaciones.
Ilegalidades cometidas por militares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó hacer comentarios el martes.
Los partidarios de Assange afirman que es un periodista protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que sacó a la luz ilegalidades cometidas por militares estadounidenses en Irak y Afganistán que eran de interés público.
La esposa de Assange, Stella Assange, dijo que el fundador de WikiLeaks “está siendo perseguido porque expuso el verdadero costo de la guerra en vidas humanas”.
“El gobierno de Biden no debería dar garantías. Deben abandonar este vergonzoso caso, que nunca debería haberse presentado”, dijo a las puertas del Tribunal Supremo de Londres.
Más allá del periodismo
El fallo se produjo luego de una audiencia de dos días en el Tribunal Supremo en febrero, en la que el abogado de Assange, Edward Fitzgerald, afirmó que las autoridades estadunidenses pretendían castigarle por “exponer la criminalidad del gobierno estadounidense a una escala sin precedentes» —lo que incluye torturas y asesinatos— a través de WikiLeaks.
El gobierno estadounidense dijo que las acciones de Assange fueron más allá del periodismo al solicitar, robar y publicar indiscriminadamente documentos clasificados del gobierno que ponían en peligro a muchas personas, incluidos iraquíes y afganos que habían ayudado a las fuerzas estadounidenses.
Ante ello, los jueces rechazaron seis de los nueve argumentos presentados por Assange en su recurso, incluida la aserción de que su procesamiento es de tinte político. Dijeron que aunque Assange “actuó por convicción política… no se deduce sin embargo que la petición de su extradición se haga por sus opiniones políticas”.
Embajada de Ecuador
Los jueces también dijeron que Assange no podía apelar basándose en las afirmaciones, hechas por sus abogados, de que la CIA desarrolló planes para secuestrar o matar a Assange durante los años que pasó refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, para evitar que intentara huir.
Los jueces dijeron que “evidentemente, se trata de acusaciones de la máxima gravedad”, pero concluyeron que no tenían relación con la solicitud de extradición.
“La extradición daría lugar a que estuviera legalmente bajo la custodia de las autoridades de Estados Unidos, y las razones (si es que pueden llamarse así) para la entrega, el secuestro o el asesinato se desvanecerían”, dice la sentencia.
Aceptaron tres argumentos de apelación: la libertad de expresión, la afirmación de que está en desventaja porque no es ciudadano estadounidense y el riesgo de ser condenado a la pena de muerte.
Imposición de pena de muerte
Las autoridades de Estados Unidos han prometido que Assange no recibirá la pena capital, pero los jueces dijeron que “nada en las garantías existentes impide explícitamente la imposición de la pena de muerte”.
Jennifer Robinson, una de las abogadas de Assange, dijo que “aunque recibamos las garantías, no estamos seguros de poder confiar en ellas”.
Con información de: https://www.jornada.com.mx/
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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