INTERNACIONAL
Partido de Macri da espaldarazo a Milei y afirma que «la nación está quebrada»
Argentina (actualidad.rt).- La mañana de este lunes, decenas de dirigentes del partido argentino Propuesta Republicana (PRO), encabezados por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicaron una carta de apoyo a las políticas del Gobierno del presidente Javier Milei, en la que además avanzaron críticas hacia las administraciones anteriores, incluida la del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), principal referente de la formación conservadora.
«Los abajo firmantes, dirigentes y militantes del PRO y de fuerzas aliadas, compartimos de diversas maneras la experiencia de gobierno 2015-2019. Las manifestaciones públicas de nuestros principales dirigentes confirman un diagnóstico: se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio», se lee en la misiva difundida por medios locales y redes sociales.
Este fue el motivo, aseguraron, por el cual apostaron por la alternativa que representaba Milei en la segunda vuelta electoral; cambio que estaría siendo obstruido tanto por el revés que significó la derrota de la ‘ley ómnibus’ en el Congreso –por cuya aprobación trabajaron denodadamente– como por la conducta que hoy exhiben los gobernadores provinciales en su disputa con el poder central.
«Asistimos hoy consternados a la resistencia de muchos gobernadores a compartir el esfuerzo fiscal necesario para impedir una crisis hiperinflacionaria cuya víctima principal no sería el gobierno sino los argentinos que habitan todas las provincias», argumentaron los políticos conservadores.
Desde su punto de vista, Argentina «es un país quebrado en el que pululan y fructifican infinidad de sectores cuya sustentabilidad se basa en el déficit fiscal, es decir: en la inflación que nos empobrece. Gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo», frente a lo cual ,»la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa».
Apoyo irrestricto a Milei
En el documento también se recalca la pertinencia de las decisiones que en materia económica ha decidido adoptar la administración mileísta y, a modo de comparación con la gestión de Macri, se recalca la importancia de que el recorte fiscal «que está obligado a ejecutar el Gobierno Nacional debe ser rápido y profundo» y debería «ser acompañado por todas las provincias».
«El Gobierno Nacional debe cumplir con los compromisos de la coparticipación establecidos por la Constitución y las leyes, pero no está obligado –ni puede hacerlo– a conceder condonaciones de las deudas provinciales, a enviar fondos discrecionales, ni a seguir financiando con su propia ruina, y la del país», indica el documento, en referencia a las disputas con gobernadores.
Según el PRO, es un hecho «escandaloso» que en «más de la mitad de las provincias argentinas el empleo estatal supere al privado, y de que en cuatro de cada cinco de ellas los recursos provenientes de la coparticipación superen el 50 %, con extremos superiores al 80 %», por lo que es obligante «discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales» conforme reza la Constitución «y nunca se ha cumplido».
Los firmantes atribuyeron el estado de las finanzas públicas, tanto a nivel federal como provincial, a «la pésima administración del peronismo kirchnerista» y «a los desbarajustes presupuestarios aprobados a fines del año pasado», cuyo objetivo habría sido «financiar la campaña de Sergio Massa y que la mayoría de los gobernadores apoyaron». Con este contexto explicaron que «la nación está quebrada».
La disputa con las provincias
El sector del PRO que optó por criticar a Macri y respaldar el programa de ajuste estructural de Milei asegura que «el requilibrio de las cuentas provinciales no puede hacerse hoy a expensas de los recursos nacionales a menos que se proponga seguir con el ciclo de déficit, emisión e inflación» que ha llevado al país suramericano a la debacle económica.
El presidente de Argentina, Javier Milei
«Rebelión» de gobernadores en Argentina: ¿qué está pasando y cómo responde el Gobierno?
Entretanto, los gobernadores patagónicos, encabezados por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazaron a Buenos Aires con suspender la producción de petróleo y gas a partir del próximo 29 de febrero, si la Casa Rosada no modifica su política de reducción de fondos en áreas estratégicas como transporte y educación.
«En ese marco, el PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso», valoraron desde esa formación.
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Mientras, el Ejecutivo se han mostrado inflexible y, en lugar de retroceder, ha procedido con más recortes. Este lunes se oficializó la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado por el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) durante el contexto pandémico, bajo el alegato de que «afectó los intereses generales de la nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas».
Con información de: https://actualidad.rt.com/
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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