INTERNACIONAL
Expresidente de Honduras, al banquillo en EU por narcotráfico
Ciudad de México (excelsior).- Casi dos años después de llegar extraditado a Nueva York, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández se sentará a partir de este lunes en el banquillo de la justicia estadunidense que lo acusa de narcotráfico, tráfico, y posesión de armas, cargos que podrían suponerle cadena perpetua.
Hernández, de 55 años, quien hasta ahora ha clamado su inocencia, será juzgado en solitario en el tribunal federal sur de Manhattan después de que dos coacusados, el exjefe de la policía hondureña Juan Carlos «Tigre» Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández se declararon en los últimos días culpables de narcotráfico.
La fiscalía estadunidense acusa a Hernández, cuyo mandato se extendió de 2014 a 2022, de participar y proteger a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. A cambio, habría recibido «millones de dólares» de los cárteles de la droga, entre ellos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El dinero de la droga le sirvió para enriquecerse y «financiar su campaña política y cometer fraude electoral» en los comicios presidenciales de 2013 y 2017, asegura la acusación. De ser hallado culpable de los tres cargos que le imputa la fiscalía, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como su hermano Tony Hernández y su colaborador Geovanny Fuentes, quienes participaron en la misma red.
Fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), JOH, acrónimo de su nombre con el que es conocido en Honduras, llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la incautación de drogas y en la lucha contra el crimen organizado.
«Detenía a personas que no tenían vínculos con él, pero protegía a otras», afirma el exagente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, Mikel Vigil.
El año pasado, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad y el funcionario de mayor rango mexicano en sentarse en un banquillo en Estados Unidos, fue declarado culpable de narcotráfico, entre otros cargos, por un tribunal neoyorquino. El próximo 1 de marzo está previsto el anuncio de su condena. Implacables, las autoridades pretenden «desbaratar todo el ecosistema de las redes de tráfico de droga que dañan a los estadunidenses».
Aplazado en tres ocasiones, el juicio empieza el lunes con la selección de los miembros del jurado que sellarán la suerte de JOH, en un juicio que genera gran expectación en su país y entre la comunidad hondureña neoyorquina, que cuenta con un grupo de activos detractores del exmandatario.
El abogado Renato Stabile, que se incorporó a la defensa de Hernández hace dos semanas para ayudar al titular Raymond Colon, con problemas de salud, pidió esta semana al juez un nuevo aplazamiento alegando falta de tiempo para estudiar el voluminoso material inculpatorio. También solicitó la selección del jurado a través de un cuestionario para garantizar la imparcialidad. El juez instructor Kevin Castel denegó el jueves ambos pedidos.
Detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn, la defensa ha deplorado las condiciones de detención del expresidente, que asistirá al juicio vestido de traje y corbata. Despojados de visado, ni su esposa ni sus hijos podrán arroparlo en la sala del tribunal del sur de Manhattan.
«Nadie está por encima de la ley», Josette Altmann, secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Costa Rica, que cree que este caso puede ser un «recordatorio para líderes de todo el espectro geopolítico» de las repercusiones legales pero sobre todo de «reputación» que «conlleva la participación en conductas indebidas».
JOH también tiene pendiente otro juicio en Honduras por fraude y lavado de activos. Desde 2014, Honduras ha extraditado a Estados Unidos a 38 personas acusadas de narcotráfico, donde ya han sido condenados además de Tony Hernandez y Geovanny Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), a 24 años de cárcel, y el exdiputado Fredy Renán Nájera, a 30 años.
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De ser habllado culpable, Hernández seguiría la estela de otros exmandatarios latinoamericanos condenados en Estados Unidos como el panameño Antonio Manuel Noriega, en 1992, y el guatemalteco Alfonso Portillo, en 2014.
Con información: https://www.excelsior.com.mx/
Laura Fernández afirmó que su gobierno buscará evitar escenarios similares a los que, según dijo, enfrenta México en materia de seguridad.
La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que México representa un ejemplo de lo que su gobierno intentará evitar. La declaración surgió durante comentarios públicos tras su victoria electoral en 2026.
Fernández expresó la frase: “México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar”. Además, explicó que su administración priorizará políticas para mantener la estabilidad institucional y la seguridad pública en su país.
La política costarricense ganó las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026. Según resultados oficiales, obtuvo alrededor del 48 % de los votos. De esta manera, logró la victoria sin necesidad de una segunda vuelta electoral.
Asimismo, Fernández asumirá la presidencia el 8 de mayo de 2026. En ese momento sustituirá al actual mandatario, Rodrigo Chaves Robles. Con ello, se convertirá en la segunda mujer en ocupar la presidencia de Costa Rica.
Durante su campaña, la presidenta electa destacó varios ejes de gobierno. Entre ellos mencionó el fortalecimiento institucional y el combate a la corrupción. Además, propuso impulsar reformas que ha descrito como parte de una “tercera república”.
Por otra parte, el tema de la seguridad pública ha ganado relevancia en el debate político costarricense. En los últimos años, las autoridades registraron un aumento en los homicidios vinculados al narcotráfico. Por ello, el tema se convirtió en una de las principales preocupaciones durante el proceso electoral.
En ese contexto, Fernández ha señalado que su gobierno buscará prevenir escenarios de violencia similares a los que enfrentan otros países de la región. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre políticas específicas al momento de emitir la declaración.
Finalmente, las declaraciones circularon en redes sociales y medios regionales. Hasta ahora, el gobierno de México no ha emitido una postura oficial sobre los comentarios de la presidenta electa.
“México es para mí un referente de a dónde no queremos llegar…”
– @Laurapresi2026, presidenta electa de Costa Rica.
— Juan Pablo Alvarez G (@JPAlGd) March 6, 2026
La empresa japonesa reclama reembolsos por tarifas comerciales impuestas durante la presidencia de Donald Trump.
La empresa japonesa Nintendo presentó una demanda contra el gobierno de Estados Unidos. La compañía busca recuperar aranceles pagados durante la presidencia de Donald Trump.
La acción legal se registró ante el United States Court of International Trade. Nintendo solicita el reembolso de tarifas aplicadas a productos importados. También reclama el pago de intereses acumulados.
Los aranceles formaban parte de la política comercial impulsada por la administración Trump. El gobierno utilizó la International Emergency Economic Powers Act de 1977 para justificar las tarifas. Esa legislación permite al presidente adoptar medidas económicas durante emergencias nacionales.
Las tarifas afectaron importaciones valoradas en más de 200 000 millones de dólares. Gran parte de esos productos provenían de China. Empresas tecnológicas y fabricantes de electrónicos resultaron impactados por la medida.
Posteriormente, tribunales federales cuestionaron el uso de esa ley para imponer aranceles. La Supreme Court of the United States concluyó que la normativa no otorga autoridad directa para establecer tarifas comerciales. El fallo abrió la posibilidad de reclamar devoluciones.
Nintendo argumenta que los aranceles aumentaron sus costos en el mercado estadounidense. La empresa produce gran parte de su hardware en Asia. China y Vietnam concentran parte importante de esa manufactura.
El impacto coincidió con el desarrollo de la consola Nintendo Switch 2. La compañía evaluó el efecto de las tarifas en su estrategia comercial en Estados Unidos. Algunas decisiones logísticas respondieron a esos costos adicionales.
La empresa también ajustó su cadena de producción. Parte del hardware destinado a Estados Unidos comenzó a fabricarse en Vietnam. La medida buscó reducir la exposición a tarifas comerciales.
El caso se suma a otras demandas presentadas por compañías afectadas. Varias empresas buscan recuperar el dinero pagado tras los fallos judiciales que cuestionaron la legalidad de esos aranceles.
Nintendo is suing the U.S. government. pic.twitter.com/mgaIDfQYiJ
— Centro LEAKS (@CentroLeaks) March 6, 2026
La coalición de fiscales y gobernadores estatales busca bloquear en tribunales los aranceles globales del 10% impuestos por la administración estadounidense.
Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump para bloquear la imposición de nuevos aranceles del 10% a las importaciones, una medida que ha generado una fuerte disputa legal y política en el país.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional y argumenta que el presidente no tiene autoridad para aplicar estos impuestos comerciales después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de sus aranceles anteriores.
Los estados demandantes sostienen que la administración intenta evadir la reciente sentencia del máximo tribunal utilizando otra base legal para imponer los gravámenes, lo que consideran una violación de la ley comercial estadounidense.
Qué aranceles intenta aplicar el gobierno de Trump
El conflicto se centra en un arancel global del 10% a las importaciones, que el gobierno estadounidense anunció como parte de su política económica para reducir el déficit comercial y fortalecer la industria nacional.
Sin embargo, la medida podría elevarse hasta el 15% en algunos casos, lo que generó preocupación entre gobiernos estatales, empresas y analistas económicos.
Además, los demandantes sostienen que el presidente está utilizando la Ley de Comercio de 1974, una norma que permite aplicar aranceles temporales solo en casos de emergencia monetaria. Según los estados, el déficit comercial no cumple con esa condición.
Qué estados impulsan la demanda
La demanda fue encabezada por fiscales generales y gobernadores demócratas de varios estados, entre ellos: Nueva York, California, Oregón, Arizona, Pensilvania
Estas entidades argumentan que los nuevos aranceles podrían aumentar los precios para consumidores y empresas, afectando especialmente a las economías locales que dependen del comercio internacional.
Los estados pidieron al tribunal declarar ilegales los aranceles y detener su aplicación antes de que entren plenamente en vigor.
Contexto legal y antecedentes del conflicto comercial
El conflicto ocurre después de que tribunales federales y la Corte Suprema limitaran el uso de ciertas leyes de emergencia para imponer aranceles comerciales.
En los últimos años, la política arancelaria de Trump ha sido uno de los pilares de su estrategia económica. El mandatario sostiene que los aranceles ayudan a proteger empleos y reducir la dependencia de productos extranjeros.
Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas pueden aumentar los precios internos y generar tensiones comerciales internacionales.
Impacto económico y político de la disputa
La batalla judicial podría tener efectos importantes en la política económica estadounidense.
Por un lado, el resultado del caso podría definir hasta dónde llega la autoridad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
Por otro lado, empresas y economistas advierten que la incertidumbre legal podría afectar las cadenas de suministro y las relaciones comerciales internacionales.
Finalmente, el tribunal deberá decidir en los próximos meses si suspende o mantiene los nuevos aranceles mientras se resuelve el litigio.
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