El descubrimiento de restos humanos en un predio de Teuchitlán, Jalisco, marcó una de las investigaciones criminales más relevantes del último año.

Este mes se cumple un año del hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco. El sitio se convirtió en un punto clave dentro de las investigaciones sobre desapariciones y crimen organizado en la región.

Autoridades localizaron el predio en marzo de 2025 durante un operativo conjunto. En el lugar participaron elementos de la Guardia Nacional, fuerzas estatales y personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Durante las inspecciones iniciales, los agentes encontraron restos humanos y evidencia relacionada con actividades criminales.

Además, peritos y especialistas forenses realizaron trabajos de búsqueda durante varias semanas. Los equipos analizaron el terreno y recolectaron indicios para integrarlos a las carpetas de investigación. Por ello, las autoridades ampliaron el perímetro del predio para continuar con las diligencias.

El hallazgo generó atención nacional debido a la magnitud del caso. Asimismo, colectivos de familiares de personas desaparecidas siguieron de cerca los trabajos periciales. Estos grupos han mantenido presencia constante en la zona y han solicitado avances en la identificación de restos.

Mientras tanto, las autoridades iniciaron procesos de análisis genético para determinar la identidad de las víctimas. Sin embargo, la identificación completa de los restos requiere comparaciones con bases de datos forenses y muestras proporcionadas por familiares.

El caso también reactivó el debate sobre las desapariciones en Jalisco. Diversos informes oficiales ubican a la entidad entre los estados con mayor número de personas desaparecidas en el país. Por esta razón, organizaciones civiles han solicitado fortalecer las investigaciones y mejorar los mecanismos de búsqueda.

Un año después del hallazgo, las investigaciones continúan abiertas. Las autoridades mantienen trabajos periciales y revisan nuevas líneas de investigación relacionadas con el predio.

Finalmente, el Rancho Izaguirre permanece bajo resguardo oficial mientras continúan las diligencias. El sitio sigue siendo una pieza central en las indagatorias sobre desapariciones y operaciones del crimen organizado en la región.

Por instrucción de la presidenta Sheinbaum, Miguel Torruco Garza se integró a la SSPC bajo el mando de Omar García Harfuch con enfoque territorial.

Ciudad de México. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, Miguel Torruco Garza asumió este martes el cargo de subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La dependencia está encabezada por el secretario Omar García Harfuch.

El nombramiento quedó formalizado este 3 de marzo durante un comunicado oficial difundido por la SSPC. Torruco Garza se incorporó para fortalecer la prevención de las violencias mediante políticas públicas con enfoque territorial y comunitario.

Torruco Garza llega con la misión de coordinar acciones que atiendan las causas sociales de la violencia. Su labor incluirá promover programas dirigidos a educación, civismo, deporte, cultura y salud mental. La estrategia considera la colaboración con otras dependencias para diseñar acciones integrales y basadas en evidencia.

La subsecretaría tendrá bajo su responsabilidad el despliegue de programas dirigidos a comunidades y juventudes. Uno de los proyectos principales consiste en la construcción de 100 centros comunitarios en distintos puntos de México. Estos espacios ofrecerán actividades formativas y recreativas con la intención de ampliar oportunidades para jóvenes.

Torruco Garza presentó el programa “México Imparable” el 24 de febrero durante la conferencia matutina presidencial. Este plan forma parte de la estrategia que ejecutará como subsecretario con miras a la prevención.

Antes de su nombramiento, Torruco Garza ocupó cargos como diputado federal y director general de Promoción al Deporte y Bienestar en la Secretaría de Educación Pública.

La designación consolida el enfoque preventivo de la política de seguridad en México, centrado en abordar factores sociales para reducir la violencia.

Autoridades federales capturan a Mauro Antonio “N”, ex Tránsito de Iguala, señalado por presunta relación con Ayotzinapa.

El Gabinete de Seguridad informó el 3 de marzo de 2026 la detención en Guerrero de Mauro Antonio “N”, exsecretario de Tránsito de Iguala, por su presunta relación con el caso Ayotzinapa. En el operativo participaron Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades atribuyeron la captura a trabajos de investigación. El caso Ayotzinapa indaga la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Autoridades federales señalaron a Mauro Antonio “N” por delincuencia organizada, dentro de una carpeta relacionada con esos hechos. Reportes periodísticos, basados en información de la FGR, indican que los investigadores lo relacionan con el uso de un equipo telefónico atribuido a uno de los estudiantes desaparecidos.

Durante la detención, las fuerzas federales aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos, un cargador, narcótico, teléfonos celulares y equipos de comunicación, según el reporte difundido por el Gabinete de Seguridad y retomado por medios nacionales.

Hasta la tarde del 3 de marzo, la FGR no informó la fecha de audiencia inicial ni el juzgado que conocerá del caso. El gobierno federal indicó que presentará al detenido ante el Ministerio Público federal para que determine su situación jurídica conforme al debido proceso.

El Gabinete de Seguridad difundió el anuncio en redes sociales y señaló que mantiene diligencias para ubicar a otros probables implicados. En junio de 2025, la Suprema Corte ordenó a la FGR preparar una versión pública del expediente del caso.