Cancún .- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al Congreso de la Unión para que expida sin mayor demora, la Ley General de Seguridad Privada.

El organismo empresarial señala que les preocupa la profesionalización y regulación de las empresas de seguridad privada y están interesados en que ese sector incorpore en sus procesos mejores prácticas que beneficien a todos, y por ello, urgen a que se expida la Ley de Seguridad Privada para así contar con la regulación secundaria que haga realidad el texto constitucional.

En un comunicado, indica que, en la última década, la realidad social superó al Estado Mexicano, lo que dio pie al aumento de empresas de seguridad privada, con todo tipo de distorsiones en la actividad de un sector que representa a más de ocho mil negocios, emplea a más de 600 mil gentes y representa aproximadamente el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Frente a esta situación, el 11 de marzo de 2021 se aprobó una iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión legislar y expedir la Ley General de Seguridad Privada, cuyo ordenamiento fue publicado el 28 de mayo de ese año en el Diario Oficial de la Federación, tras el visto bueno de la mayoría de los congresos locales, como lo dicta la ley.

La ley pretende regular la seguridad privada en tres aspectos: homologar un permiso único en el país con el objetivo de crear un registro nacional de las empresas que prestan el servicio, establecer la distribución de competencias que tendrán la federación, los estados y los municipios en la materia y las sanciones a los que operen y contraten a negocios sin autorización.

La Coparmex añade que es fundamental esta ley para que exista una adecuada regulación y se lleve el registro nacional de empresas del ramo, pues actualmente solo se hace cuando el negocio opera en dos o más entidades, pero cuando labora solo en una, nada más tiene la obligación de inscribirse ante la entidad federativa en la que presta el servicio.

También menciona que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública, de ahí la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado para el mejor desarrollo de este sector.